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ATAQUES AUTORITARIOS A NUESTRA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, REPUBLICANA Y FEDERAL.

PROFESORES REPUBLICANOS observa con preocupación el nuevo ataque frontal contra la Corte Suprema y contra la Constitución Nacional que, a través de una carta pública, efectuó la vicepresidenta de la Nación.

Con el aval del presidente Alberto Fernández, en abierta violación al artículo 109 de la Constitución, se pretende –bajo el vago concepto de “lawfare”– intervenir irregularmente en causas judiciales con el claro objetivo de buscar la impunidad de quienes han sido procesados en los casos de corrupción más flagrantes de la historia de nuestra Patria.

En su sanción originaria de 1853, la Constitución Nacional estableció dos normas de gran relevancia: el artículo 1, que adopta el sistema representativo, republicano y federal, y el artículo 29, escrito con letras de sangre, que prohíbe que el Congreso o las Legislaturas concedan al presidente o a los gobernadores facultades extraordinarias, ni la suma del poder público. Quienes infrinjan estos preceptos serán infames traidores a la patria.

Nuestra Constitución, bajo un sistema presidencialista, afirma un modelo republicano basado en los principios de libertad y de igualdad, de división y equilibrio de poderes, de soberanía del pueblo y de libertad de prensa.

El contenido de la Carta pública citada  viola el principio de la independencia de la Justicia. Considera que el Poder Judicial es ilegítimo por no ser  la Corte elegida popularmente. Olvida o desconoce que se trata del órgano “contramayoritario” por excelencia, para poder llevar a cabo la delicada función de control de los poderes políticos en defensa de la Constitución.

A esta embestida autoritaria contra la Corte Suprema se suma el intento de copar la Procuración modificando la ley del Ministerio Público para eliminar el requisito de dos tercios para su designación, entre otros aspectos que afectan su independencia, asegurada en la Ley Suprema.

A estos atropellos institucionales se suma la sugerencia de la “Comisión Beraldi” de crear un tribunal intermedio –previo a la Corte–, cuyo propósito es lograr que los juicios por corrupción permanezcan el mayor tiempo posible sin resolución.

El intento de controlar la Justicia está patentizado, además, por los inconstitucionales Proyectos de Reforma del Poder Judicial Federal y del Ministerio Público y, en especial, de la Procuración General. Se percibe, claramente, que el objetivo no es otro que conseguir la impunidad, ya que incluso se considera presos políticos a aquellos políticos presos por causas de corrupción, luego de las respectivas condenas judiciales, como el caso Boudou, entre otros.

PROFESORES REPUBLICANOS advierte que nunca antes en democracia se ha observado un desprecio tan grosero a la independencia del Poder Judicial y, en particular, a la propia Corte Suprema de Justicia.

El cúmulo de decisiones inconstitucionales que provienen del Poder Ejecutivo se ha traducido en el dictado frecuente de decretos de contenido legislativo. Bajo la excusa de un estado de emergencia,  se pretende ocultar el grave avance sobre las instituciones republicanas y federales, así como sobre los derechos constitucionales de las personas.

PROFESORES REPUBLICANOS exhorta a la ciudadanía a tener presente el artículo 36 de la Ley Suprema que expresa: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos…”. Es que la lucha contra la corrupción es consustancial para la plena vigencia de una democracia republicana.

La ratificación de la constitucionalidad de la Ley de los arrepentidos; el rechazo del recurso de queja presentado por el multicondenado Amado Boudou y el haber dejado sin efecto el procesamiento del periodista Daniel Santoro, nos dan esperanzas de que no todo está perdido, porque hay Jueces dispuestos a cumplir con sus deberes.

PROFESORES REPUBLICANOS denuncia asimismo la inconstitucional violación de la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires,  como también la discrecionalidad imperante en las transferencias de fondos destinadas a beneficiar especialmente a la provincia de Buenos Aires, como expresión de unitarismo fiscal. Ello nos llevó a iniciar los autos “Mizraji, Guillermo J.H. Y Otros C/ E.N. S/Amparo”, en trámite ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal, solicitando una medida cautelar y la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 735/2020, para garantizar la asignación de los recursos a la CABA.

Todo esto demuestra indudablemente la existencia de pensamientos y actitudes autoritarias que van erosionando el sistema político democrático y republicano, tal como ha sido descripto por la reconocida obra de Levistzky y Ziblatt: “Por qué mueren las democracias”.

Como corolario de todos estos dislates, no sorprende  que algunos funcionarios pretendan, incluso,  una reforma de la propia Constitución Nacional para poder modificar nuestro sistema político republicano.

PROCLAMA

En virtud de todo lo expuesto, PROFESORES REPUBLICANOS:

Manifiesta su enérgico rechazo a los ataques autoritarios contra nuestro sistema constitucional democrático, republicano y federal.

Formula una advertencia por la maliciosa y sesgada concepción acerca de la naturaleza y funcionamiento de la división de poderes que sostiene el oficialismo gobernante.

Y sostiene enfáticamente:

Que los Jueces son los custodios naturales de los derechos y garantías de los ciudadanos y no deben sufrir el atropello de los poderes públicos. Su legitimidad surge de la propia Constitución Nacional.

Que denunciamos estas violaciones del Estado de derecho por parte del Poder Ejecutivo de la Nación, que impiden el adecuado funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.

Que debemos aferrarnos a la Constitución Nacional, porque ella representa “la Nación Argentina hecha ley” (Juan María Gutiérrez, 1853).

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2020

 

HERNÁNDEZ, Antonio María; SABSAY, Daniel A.; KOVADLOFF, Santiago; MIZRAJI, Guillermo J. H.; WIÑAZKI, Miguel; GAMBIER, Beltrán; NERCELLAS, Marta; SALVAT, Jorge; SIGAL, Jorge; VICENTE, Alicia L.; SBARBATI NUDELMAN, Norma; PARODI, Juan C.; FRANZONI-MOLDAVSKY, Ada; VEGA, Gerardo E.; LENCOVA, Liuba; ROITMAN, Horacio; GARZÓN FUNES, Oscar H.; VÍTOLO, Alfredo; CAMERINI, Marcelo; RÓVERE, Graciela; BORDA, Alejandro; VAISER, Lidia; FOTHERINGHAM, Alejandro; MALKASSIAN, Roberto; GIACCHERO, Alicia; ODRIOZOLA, Juan M.; HALPERIN, David; BULLORSKY, Ernesto D.; LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P.; BUNGE, Diego; SCHMIDBERG, Eduardo; MOLTENI, Analía; SUÁREZ, Sergio P.; BOUREL, Martín; CHEDIACK, Alicia; COHEN, Jorge; BARREIRA DELFINO, Eduardo A.; GENTILE, Ana María; TON, Walter; GARRIDO CORDOBERA, Lidia; BERMÚDEZ, Horacio R.; BOUR, Enrique; SALVOCHEA, Ramiro; ALTMAN, Daniel E.; LUNA, Darío M.; GALIANI, Sebastián; PAPPACENA, Rubén; CROUSSE, Vivian.

Adhesiones: profesoresrepublicanos@gmail.com

Prensa Infobae - Dura condena de académicos al nuevo ataque frontal del Gobierno contra la Corte Suprema

LA PROCLAMA EN INFOBAE

Dura condena de académicos al nuevo ataque frontal del Gobierno contra la Corte Suprema 


Dura condena de académicos al nuevo ataque frontal del Gobierno contra la Corte Suprema
Un documento de la agrupación Profesores Republicanos critica la embestida de la vicepresidente Cristina Kirchner contra el máximo tribunal. “Con el aval del presidente Alberto Fernández, en abierta violación al artículo 109 de la Constitución, se pretende –bajo el vago concepto de “lawfare”– intervenir irregularmente en causas judiciales con el claro objetivo de buscar la impunidad”, sostienen
El grupo de constitucionalistas y académicos identificado como “Profesores Republicanos” y que cuenta con prestigiosos integrantes como Santiago Kovadloff, Guillermo Mizraji, Ana María Gentile, Antonio María Hernández, Alfredo Vítolo, Daniel Sabsay y Analía Molteni, entre otros, emitió un duro documento contra la embestida de Cristina Kirchner y el gobierno de Alberto Fernández en general contra la Corte Suprema de Justicia.

A través de un comunicado observan “con preocupación el nuevo ataque frontal contra la Corte Suprema y contra la Constitución Nacional que, a través de una carta pública, efectuó la vicepresidenta de la Nación”. En ese sentido, criticaron también a Alberto Fernández por el respaldo a los dichos de su jefa política. Se trata de la misma agrupación que antes ya había alertado por la “máxima gravedad institucional” que representa el intento del kirchnerismo de desplazar a los jueces Leopoldo Oscar Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Germán Castelli.

“Con el aval del Presidente (...), en abierta violación al artículo 109 de la Constitución, se pretende –bajo el vago concepto de “lawfare”– intervenir irregularmente en causas judiciales con el claro objetivo de buscar la impunidad de quienes han sido procesados en los casos de corrupción más flagrantes de la historia de nuestra Patria”, dijeron.


En su carta publicada al cumplirse el primero año del nuevo gobierno kirchnerista, la vicepresidente dedicó varias líneas a la Corte Suprema y al Poder Judicial. Tras hacer un repaso de los logros de la administración de Fernández, Cristina Kirchner se explayó contra elmáximo tribunal.


Por eso, el grupo de “Profesores Republicanos” recordó que “en su sanción originaria de 1853, la Constitución Nacional estableció dos normas de gran relevancia: el artículo 1, que adopta el sistema representativo, republicano y federal, y el artículo 29, escrito con letras de sangre, que prohíbe que el Congreso o las Legislaturas concedan al presidente o a los gobernadores facultades extraordinarias, ni la suma del poder público. Quienes infrinjan estos preceptos serán infames traidores a la patria”.


Además, aseguran que “el contenido de la Carta pública citada viola el principio de la independencia de la Justicia. Considera que el Poder Judicial es ilegítimo por no ser la Corte elegida popularmente” y “olvida o desconoce que se trata del órgano “contramayoritario” por excelencia, para poder llevar a cabo la delicada función de control de los poderes políticos en defensa de la Constitución”.


También se refirió al intento del oficialismo por cambiar la forma de elección del Procurador General y califica de “atropellos institucionales” las iniciativas del oficialismo en materia judicial. “A esta embestida autoritaria contra la Corte Suprema se suma el intento de copar la Procuración modificando la ley del Ministerio Público para eliminar el requisito de dos tercios para su designación, entre otros aspectos que afectan su independencia, asegurada en la Ley Suprema. A estos atropellos institucionales se suma la sugerencia de la “Comisión Beraldi” de crear un tribunal intermedio –previo a la Corte–, cuyo propósito es lograr que los juicios por corrupción permanezcan el mayor tiempo posible sin resolución”, indicaron.

En esa misma línea, advierten “que nunca antes en democracia se ha observado un desprecio tan grosero a la independencia del Poder Judicial y, en particular, a la propia Corte Suprema de Justicia. El cúmulo de decisiones inconstitucionales que provienen del Poder Ejecutivo se ha traducido en el dictado frecuente de decretos de contenido legislativo. Bajo la excusa de un estado de emergencia, se pretende ocultar el grave avance sobre las instituciones republicanas y federales, así como sobre los derechos constitucionales de las personas”.


Finalmente, exhortan “a la ciudadanía a tener presente el artículo 36 de la Ley Suprema que expresa: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos…”. Es que la lucha contra la corrupción es consustancial para la plena vigencia de una democracia republicana”.

Y denuncian “una maliciosa y sesgada concepción acerca de la naturaleza y funcionamiento de la división de poderes que sostiene el oficialismo gobernante”.