ATAQUES AUTORITARIOS A NUESTRA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, REPUBLICANA Y FEDERAL.

PROFESORES REPUBLICANOS observa con preocupación el nuevo ataque frontal contra la Corte Suprema y contra la Constitución Nacional que, a través de una carta pública, efectuó la vicepresidenta de la Nación.

Con el aval del presidente Alberto Fernández, en abierta violación al artículo 109 de la Constitución, se pretende –bajo el vago concepto de “lawfare”– intervenir irregularmente en causas judiciales con el claro objetivo de buscar la impunidad de quienes han sido procesados en los casos de corrupción más flagrantes de la historia de nuestra Patria.

En su sanción originaria de 1853, la Constitución Nacional estableció dos normas de gran relevancia: el artículo 1, que adopta el sistema representativo, republicano y federal, y el artículo 29, escrito con letras de sangre, que prohíbe que el Congreso o las Legislaturas concedan al presidente o a los gobernadores facultades extraordinarias, ni la suma del poder público. Quienes infrinjan estos preceptos serán infames traidores a la patria.

Nuestra Constitución, bajo un sistema presidencialista, afirma un modelo republicano basado en los principios de libertad y de igualdad, de división y equilibrio de poderes, de soberanía del pueblo y de libertad de prensa.

El contenido de la Carta pública citada  viola el principio de la independencia de la Justicia. Considera que el Poder Judicial es ilegítimo por no ser  la Corte elegida popularmente. Olvida o desconoce que se trata del órgano “contramayoritario” por excelencia, para poder llevar a cabo la delicada función de control de los poderes políticos en defensa de la Constitución.

A esta embestida autoritaria contra la Corte Suprema se suma el intento de copar la Procuración modificando la ley del Ministerio Público para eliminar el requisito de dos tercios para su designación, entre otros aspectos que afectan su independencia, asegurada en la Ley Suprema.

A estos atropellos institucionales se suma la sugerencia de la “Comisión Beraldi” de crear un tribunal intermedio –previo a la Corte–, cuyo propósito es lograr que los juicios por corrupción permanezcan el mayor tiempo posible sin resolución.

El intento de controlar la Justicia está patentizado, además, por los inconstitucionales Proyectos de Reforma del Poder Judicial Federal y del Ministerio Público y, en especial, de la Procuración General. Se percibe, claramente, que el objetivo no es otro que conseguir la impunidad, ya que incluso se considera presos políticos a aquellos políticos presos por causas de corrupción, luego de las respectivas condenas judiciales, como el caso Boudou, entre otros.

PROFESORES REPUBLICANOS advierte que nunca antes en democracia se ha observado un desprecio tan grosero a la independencia del Poder Judicial y, en particular, a la propia Corte Suprema de Justicia.

El cúmulo de decisiones inconstitucionales que provienen del Poder Ejecutivo se ha traducido en el dictado frecuente de decretos de contenido legislativo. Bajo la excusa de un estado de emergencia,  se pretende ocultar el grave avance sobre las instituciones republicanas y federales, así como sobre los derechos constitucionales de las personas.

PROFESORES REPUBLICANOS exhorta a la ciudadanía a tener presente el artículo 36 de la Ley Suprema que expresa: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos…”. Es que la lucha contra la corrupción es consustancial para la plena vigencia de una democracia republicana.

La ratificación de la constitucionalidad de la Ley de los arrepentidos; el rechazo del recurso de queja presentado por el multicondenado Amado Boudou y el haber dejado sin efecto el procesamiento del periodista Daniel Santoro, nos dan esperanzas de que no todo está perdido, porque hay Jueces dispuestos a cumplir con sus deberes.

PROFESORES REPUBLICANOS denuncia asimismo la inconstitucional violación de la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires,  como también la discrecionalidad imperante en las transferencias de fondos destinadas a beneficiar especialmente a la provincia de Buenos Aires, como expresión de unitarismo fiscal. Ello nos llevó a iniciar los autos “Mizraji, Guillermo J.H. Y Otros C/ E.N. S/Amparo”, en trámite ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal, solicitando una medida cautelar y la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 735/2020, para garantizar la asignación de los recursos a la CABA.

Todo esto demuestra indudablemente la existencia de pensamientos y actitudes autoritarias que van erosionando el sistema político democrático y republicano, tal como ha sido descripto por la reconocida obra de Levistzky y Ziblatt: “Por qué mueren las democracias”.

Como corolario de todos estos dislates, no sorprende  que algunos funcionarios pretendan, incluso,  una reforma de la propia Constitución Nacional para poder modificar nuestro sistema político republicano.

PROCLAMA

En virtud de todo lo expuesto, PROFESORES REPUBLICANOS:

Manifiesta su enérgico rechazo a los ataques autoritarios contra nuestro sistema constitucional democrático, republicano y federal.

Formula una advertencia por la maliciosa y sesgada concepción acerca de la naturaleza y funcionamiento de la división de poderes que sostiene el oficialismo gobernante.

Y sostiene enfáticamente:

Que los Jueces son los custodios naturales de los derechos y garantías de los ciudadanos y no deben sufrir el atropello de los poderes públicos. Su legitimidad surge de la propia Constitución Nacional.

Que denunciamos estas violaciones del Estado de derecho por parte del Poder Ejecutivo de la Nación, que impiden el adecuado funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.

Que debemos aferrarnos a la Constitución Nacional, porque ella representa “la Nación Argentina hecha ley” (Juan María Gutiérrez, 1853).

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2020

 

HERNÁNDEZ, Antonio María; SABSAY, Daniel A.; KOVADLOFF, Santiago; MIZRAJI, Guillermo J. H.; WIÑAZKI, Miguel; GAMBIER, Beltrán; NERCELLAS, Marta; SALVAT, Jorge; SIGAL, Jorge; VICENTE, Alicia L.; SBARBATI NUDELMAN, Norma; PARODI, Juan C.; FRANZONI-MOLDAVSKY, Ada; VEGA, Gerardo E.; LENCOVA, Liuba; ROITMAN, Horacio; GARZÓN FUNES, Oscar H.; VÍTOLO, Alfredo; CAMERINI, Marcelo; RÓVERE, Graciela; BORDA, Alejandro; VAISER, Lidia; FOTHERINGHAM, Alejandro; MALKASSIAN, Roberto; GIACCHERO, Alicia; ODRIOZOLA, Juan M.; HALPERIN, David; BULLORSKY, Ernesto D.; LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P.; BUNGE, Diego; SCHMIDBERG, Eduardo; MOLTENI, Analía; SUÁREZ, Sergio P.; BOUREL, Martín; CHEDIACK, Alicia; COHEN, Jorge; BARREIRA DELFINO, Eduardo A.; GENTILE, Ana María; TON, Walter; GARRIDO CORDOBERA, Lidia; BERMÚDEZ, Horacio R.; BOUR, Enrique; SALVOCHEA, Ramiro; ALTMAN, Daniel E.; LUNA, Darío M.; GALIANI, Sebastián; PAPPACENA, Rubén; CROUSSE, Vivian.

Adhesiones: profesoresrepublicanos@gmail.com

Prensa Infobae - Dura condena de académicos al nuevo ataque frontal del Gobierno contra la Corte Suprema

LA PROCLAMA EN INFOBAE

Dura condena de académicos al nuevo ataque frontal del Gobierno contra la Corte Suprema 

POLÍTICA

Dura condena de académicos al nuevo ataque frontal del Gobierno contra la Corte Suprema

Un documento de la agrupación Profesores Republicanos critica la embestida de la vicepresidente Cristina Kirchner contra el máximo tribunal. “Con el aval del presidente Alberto Fernández, en abierta violación al artículo 109 de la Constitución, se pretende –bajo el vago concepto de “lawfare”– intervenir irregularmente en causas judiciales con el claro objetivo de buscar la impunidad”, sostienen

El grupo de constitucionalistas y académicos identificado como “Profesores Republicanos” y que cuenta con prestigiosos integrantes como Santiago Kovadloff, Guillermo Mizraji, Ana María Gentile, Antonio María Hernández, Alfredo Vítolo, Daniel Sabsay y Analía Molteni, entre otros, emitió un duro documento contra la embestida de Cristina Kirchner y el gobierno de Alberto Fernández en general contra la Corte Suprema de Justicia.

A través de un comunicado observan “con preocupación el nuevo ataque frontal contra la Corte Suprema y contra la Constitución Nacional que, a través de una carta pública, efectuó la vicepresidenta de la Nación”. En ese sentido, criticaron también a Alberto Fernández por el respaldo a los dichos de su jefa política. Se trata de la misma agrupación que antes ya había alertado por la “máxima gravedad institucional” que representa el intento del kirchnerismo de desplazar a los jueces Leopoldo Oscar Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Germán Castelli.

“Con el aval del Presidente (...), en abierta violación al artículo 109 de la Constitución, se pretende –bajo el vago concepto de “lawfare”– intervenir irregularmente en causas judiciales con el claro objetivo de buscar la impunidad de quienes han sido procesados en los casos de corrupción más flagrantes de la historia de nuestra Patria”, dijeron.

En su carta publicada al cumplirse el primero año del nuevo gobierno kirchnerista, la vicepresidente dedicó varias líneas a la Corte Suprema y al Poder Judicial. Tras hacer un repaso de los logros de la administración de Fernández, Cristina Kirchner se explayó contra elmáximo tribunal.

Por eso, el grupo de “Profesores Republicanos” recordó que “en su sanción originaria de 1853, la Constitución Nacional estableció dos normas de gran relevancia: el artículo 1, que adopta el sistema representativo, republicano y federal, y el artículo 29, escrito con letras de sangre, que prohíbe que el Congreso o las Legislaturas concedan al presidente o a los gobernadores facultades extraordinarias, ni la suma del poder público. Quienes infrinjan estos preceptos serán infames traidores a la patria”.

Además, aseguran que “el contenido de la Carta pública citada viola el principio de la independencia de la Justicia. Considera que el Poder Judicial es ilegítimo por no ser la Corte elegida popularmente” y “olvida o desconoce que se trata del órgano “contramayoritario” por excelencia, para poder llevar a cabo la delicada función de control de los poderes políticos en defensa de la Constitución”.

También se refirió al intento del oficialismo por cambiar la forma de elección del Procurador General y califica de “atropellos institucionales” las iniciativas del oficialismo en materia judicial. “A esta embestida autoritaria contra la Corte Suprema se suma el intento de copar la Procuración modificando la ley del Ministerio Público para eliminar el requisito de dos tercios para su designación, entre otros aspectos que afectan su independencia, asegurada en la Ley Suprema. A estos atropellos institucionales se suma la sugerencia de la “Comisión Beraldi” de crear un tribunal intermedio –previo a la Corte–, cuyo propósito es lograr que los juicios por corrupción permanezcan el mayor tiempo posible sin resolución”, indicaron.

En esa misma línea, advierten “que nunca antes en democracia se ha observado un desprecio tan grosero a la independencia del Poder Judicial y, en particular, a la propia Corte Suprema de Justicia. El cúmulo de decisiones inconstitucionales que provienen del Poder Ejecutivo se ha traducido en el dictado frecuente de decretos de contenido legislativo. Bajo la excusa de un estado de emergencia, se pretende ocultar el grave avance sobre las instituciones republicanas y federales, así como sobre los derechos constitucionales de las personas”.

Finalmente, exhortan “a la ciudadanía a tener presente el artículo 36 de la Ley Suprema que expresa: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos…”. Es que la lucha contra la corrupción es consustancial para la plena vigencia de una democracia republicana”.

Y denuncian “una maliciosa y sesgada concepción acerca de la naturaleza y funcionamiento de la división de poderes que sostiene el oficialismo gobernante”.

fuente:https://www.infobae.com/politica/2020/12/19/dura-condena-de-academicos-al-nuevo-ataque-frontal-del-gobierno-contra-la-corte-suprema/

Comentarios sobre PROFESORES REPUBLICANOS

LA VANGUARDIA

BARCELONA

2/11/2020

El Nodio

Todos los censores de la historia han repetido siempre el mismo mantra: su objetivo no es censurar la libertad de expresión, sino proteger a la verdad, frente a la mentira. Autodefinidos en guardianes del relato público, intentan esconder su verdadera naturaleza: el control del pensamiento crítico.

Por supuesto, ello es evidente en las dictaduras, siempre obsesionadas en destruir a las ideas críticas, a la disidencia y a todo lo que escape de su control político, no en vano, la libertad de expresión es enemigo público de las tiranías. Lo sabemos, lo señalamos y en las circunstancias posibles, lo combatimos. Pero, cuando ese objetivo de control se instala en el corazón de una democracia, y los instrumentos que deberían garantizar el pensamiento crítico, se convierten en la tenaza que los lamina, es mucho más difícil identificar la vocación censora del gobierno. Primero, porque se revisten de una retórica digerible y políticamente correcta que no habla de censura de las ideas, sino de control de las mentiras, una especie de filtro de falsedades en los tiempos de la posverdad. Y, segundo, porque cuesta imaginar el espíritu inquisidor en los gobernantes democráticos, aunque lo cierto es que ese espíritu está arreciando, con muestras tan sonoras como Polonia y Hungría, cada vez menos democráticos, y con Turquía en pleno proceso autárquico.

El último ejemplo de esta agresión severa a la libertad de expresión viene de Argentina, donde su gobierno -instalado en un populismo de izquierdas cada vez más sectario-, aprovecha la pandemia para crear NODIO, “el observatorio de la desinformación y violencia simbólica”. A partir de la propuesta, se han disparado todas las alarmas en el ámbito periodístico, cuyas heridas por el control de la opinión crítica, en tiempos del kirncherismo, aún están abiertas. Periodistas tan notables como Longobardi han hablado de goebelismo, y las críticas han salido de todos los ámbitos, desde agrupaciones como “Profesores Republicanos”, hasta la propia Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Todos coinciden en que se trata de una forma eficaz de cercenar el pensamiento crítico. Lo cierto es que da pavor que, desde el poder político, se crean organismos censores. La libertad de expresión, en democracia, queda regulada por los códigos deontológicos y, por supuesto, por el código penal. Interponer órganos gubernamentales para tutelar la libertad de expresión, es un burdo intento de destruir la disidencia. Estos NODIO no nacen para proteger a la verdad, sino para crear una policía del pensamiento.

DESTACAT: Dicen ser guardianes de la verdad, pero son una policía del pensamiento

 

 LIBERTADES QUE SON EJES DEL REPUBLICANISMO

PROFESORES REPUBLICANOS alza su voz en defensa de las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa, nuevamente amenazadas en el país.

Desde los albores de la nación, hubo una clara conciencia de su notable importancia para la configuración de la nueva República. Así lo sostuvo Mariano Moreno, nuestro primer periodista: “Prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila”.

Ya la Constitución Nacional de 1853 las consagró en los artículos 1.º, sobre el sistema republicano y 14, sobre la publicación de las ideas sin censura previa. Luego, en la Reforma de 1860, se agregó el artículo 32, que prohíbe el dictado de leyes que restrinjan la libertad de prensa. Y, finalmente, en virtud de la Reforma de 1994, artículo 43, se reconoció como nueva garantía el secreto de las fuentes de información periodística, además de otras establecidas en tratados internacionales de derechos humanos, a los que se les otorgó rango constitucional por el artículo 75, inc. 22.

Entre estos tratados se destaca la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 13 garantiza ampliamente la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa, a la vez que prohíbe todo medio indirecto que intente restringirlas.

En el ámbito regional americano se han emitido valiosos documentos y opiniones –como la Declaración de Chapultepec– y se ha desarrollado una sólida jurisprudencia, especialmente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estas libertades son consustanciales a la dignidad humana y a una sociedad abierta. Ligadas a la democracia republicana, no puede desconocerse que están contenidas en las leyes supremas de todas las naciones democráticas, y especialmente en la nuestra.

Por eso, resultan tan graves y ostensibles las violaciones constitucionales que se observan actualmente, tal como lo han puesto de relieve la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Academia Nacional de Periodismo. Estas instituciones se han referido específicamente a otro avance judicial sobre el secreto de las fuentes de información periodística en un nuevo intento de criminalizar la actividad, una vez más en perjuicio de Daniel Santoro, reconocido periodista de investigación.

Es necesaria una firme jurisprudencia judicial acorde a los principios y valores constitucionales. En el juicio "The New York Times Co. vs. United States" (1971), conocido como el de los “Papeles del Pentágono” –documentos secretos difundidos durante la guerra de Vietnam–, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Hugo Black expresó: “La prensa está para servir a los gobernados y no a los gobernantes. El poder del gobierno para censurar la prensa fue abolido para que la prensa pudiera permanecer para siempre libre de censurar al gobierno. La prensa fue protegida al punto de poder acceder a los secretos del gobierno e informar al pueblo. Solamente una prensa libre y sin restricciones puede efectivamente exponer el mal funcionamiento del gobierno”.

Debe resaltarse el valor del periodismo de investigación en la lucha contra la corrupción, que en nuestra Ley Suprema tiene especial valor, a la luz del artículo 36, que ha calificado el enriquecimiento ilícito en la función pública como atentado al orden democrático.

En el mismo sentido, coincidimos con las instituciones antes mencionadas respecto de la señalada peligrosidad, inconveniencia e inoportunidad de la creación del proyecto NODIO, destinado a vigilar la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa. Con estupor observamos cómo se gastan fondos públicos en esta agenda contraria a las libertades y valores constitucionales, mientras se reduce el número de funcionarios y empleados necesarios para cumplir con las obligaciones de la Oficina Anticorrupción.

En este lamentable contexto, FOPEA ha denunciado agresiones físicas, escraches y persecuciones a periodistas en varias provincias, como Chaco, Formosa, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En definitiva, no puede haber persecución penal contra periodistas por la difusión de información de interés público. No se puede criminalizar la tarea periodística ni se la puede censurar, y menos aún se la puede afectar por medios indirectos que provoquen el miedo o la autocensura.

PROCLAMA 

En virtud de lo expuesto:

PROFESORES REPUBLICANOS advierte a la ciudadanía argentina sobre las lesiones y degradaciones que atentan contra la estabilidad del Estado constitucional y democrático de nuestro país.

Debemos aferrarnos a la vigencia plena de la Constitución Nacional, única herramienta que nos permitirá luchar contra los graves problemas políticos, éticos, culturales, económicos y sociales que nos afectan.

Buenos Aires, 25 de octubre de 2020

HERNÁNDEZ, Antonio M.; KOVADLOFF, Santiago; GAMBIER, Beltrán; WIÑAZKI, Miguel; SBARBATI NUDELMAN, Norma; OSSONA, Jorge; SABSAY, Daniel A.; MIZRAJI, Guillermo J.H.; ROITMAN, Horacio; VÍTOLO, Alfredo; NERCELLAS, Marta; GARZÓN FUNES, Oscar; VICENTE, Alicia; VEGA, Gerardo; BORDA, Alejandro; LENCOVA, Liuba; BERMÚDEZ, Horacio; COHEN, Jorge; FRANZONI- MOLDAVSKY, Ada; ODRIOZOLA, Juan M.; RÓVERE, Graciela; BOUREL, Martín; GARRIDO CORDOBERA, Lidia; BARREIRA DELFINO, Eduardo; BULLORSKY,  Ernesto D.; MALKASSIAN, Roberto; ARGENTO, Alejandro; GENTILE, Ana María; CAMERINI, Marcelo; HALPERÍN, David; BUNGE, Diego; GIACCHERO, Alicia; PERINA, Emilio; BOUR, Enrique; MINASSIAN, Luciana; SCHMIDBERG, Eduardo; LUNA, Darío; SALVOCHEA, Ramiro; LUCHÍA PUIG, Horacio; SUÁREZ, Sergio P.; BERSTEIN, Omar; GUAIA, Carlos.

Adhesiones: profesoresrepublicanos@gmail.com

NO A OTRA LIMPIEZA ÉTNICA EN EL CÁUCASO SUR

El 27 de septiembre la República de Azerbaiján, con el apoyo explícito del gobierno de Turquía, quebró el cese el fuego e inició una nueva guerra contra la población armenia de Artsaj. A consecuencia de ello, hubo muertos tanto civiles como militares y se está produciendo el desplazamiento forzado de refugiados a Armenia.

Los países agresores, que contrataron mercenarios fundamentalistas, pretenden efectuar una limpieza étnica de los armenios y establecer un régimen autocrático que haga renacer el imperio otomano. La consecuencia directa sería la extensión de la guerra a la República de Armenia y la repetición del genocidio perpetrado entre 1915 y 1923 contra 1.500.000 armenios.

Conviene recordar que en la República de Artsaj, ubicada en el Cáucaso Sur, conviven desde hace 3.000 años unos 170.000 armenios. A partir del surgimiento de la URSS, la tiranía comunista la obligó a someterse a un régimen colonial bajo el dominio de Azerbaiján. Extrema pobreza y falta total de respeto a los derechos humanos fueron las herramientas para lograr la destrucción de la cultura milenaria armenia.

Declarada en 1991 la independencia de Artsaj sobre la base del Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos, se estableció una república con un sistema democrático occidental.

A partir de entonces, los dictadores azeríes Aliyev padre y Aliyev hijo sojuzgaron continuamente a la República de Artsaj con ataques armados y masacres contra la población civil armenia, buscando la destrucción de la república y la vida en libertad.

En 1994 se firmó un armisticio y el Grupo de Minsk (Francia, Rusia y los Estados Unidos de América) se comprometió a lograr una solución.

Este grupo de ciudadanos argentinos:

1. Condenamos la situación que se ha creado y que llevará a una nueva limpieza étnica de la nación armenia a manos de Azerbaiján y de Turquía.

2. Exhortamos a que la comunidad internacional asuma una activa participación para detener esta agresión a la nación armenia.

3. Exigimos que la República de Turquía se abstenga de intervenir en el conflicto creado y se reanuden las negociaciones para una paz definitiva.

4. Esperamos que el gobierno de la República Argentina apoye decididamente las negociaciones de paz y el derecho incuestionable de la República de Artsaj de decidir su futuro.

Afirmamos que el derecho a la Libre Determinación debe ser reconocido al pueblo de Artsaj en el marco de los Derechos Republicanos universalmente aceptados.

Buenos Aires, 20 de octubre de 2020

ABACA, Alejandro; ABADI, Sonia; ABOUD, Carlos; AGUINIS, Marcos; ALTABE, Martha Helia; ALBAMONTE, Alberto Gustavo; ALMAGRO, Juan José; ALTMAN, Daniel E.; ÁLVAREZ MOLINDI, Marta; ÁLVAREZ PRADO, Juan Manuel; ANDAHAZI, Federico; ARGENTO, Alejandro; ARSLANIAN, Manuel; AVOGADRO, Enrique; AVRUJ, Claudio; BALLARINI, Francesco; BAMEULE, Luis; BARIN, Carlos Juan; BARREIRA DELFINO, Eduardo A.; BARUGEL, Ernesto; BERBERIAN, Coco; BENÍTEZ DE CASTRO, Manuel; BERGMAN, Marisa; BERMÚDEZ, Horacio R.; BERSTEIN, Omar; BIANCHI, Carlos Oscar F. ; BIQUARD, Carolina; BOMBCHIL, Máximo L; BORDA, Alejandro; BORENSZTEIN Alejandro; BOSSI, Luisa; BOUR, Enrique; BOUR, Juan Luis; BOYADJIAN DE MARUTIAN, Elsa; BRESSO, Julio; BRAUN, Federico; BULLORSKY, Ernesto D.; BUNGE, Diego; CAMERINI, Marcelo; CARIDI, Eduardo; CASULLO, Eduardo; CHAVES, Ana Victoria; CHOPITEA DE FONTÁN BALESTRA, Pompi; COHAN, Alberto; COHEN, Jorge; COHEN AGREST, Diana; CRACOGNA, Dante; CROUSSE, Vivian; DEL VALLE, Luis; DE RIZ, Liliana; DI TELLA, Tamara; DIANA, Sebastián N.; DÍAZ, Carlos; DÍAZ CORTES, Martín; DÍAZ RICCI, Sergio; DUBIANSKY, Fabio; DUJOVNE, Berardo; EFKHANIAN, Antonio; ESTEVES, Elena; ESTEVES, Ricardo; EURNEKIAN, Andrea; EURNEKIAN, Eduardo; EURNEKIAN, Hugo Antranik; EURNEKIAN, MartÍn Francisco Antranik; EURNEKIAN, Patricia; FARGOSI, Alejandro; FEAL, Dario; FELLER, Eduardo; FERNÁNDEZ DE CINOSI, Liliana Beatriz; FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela; FERRONATO, Jorge; FIUMARA, Franco; FONTÁN BALESTRA, Carlos; FONTEVECCHIA, Jorge; FRANZONI-MOLDAVSKY, Ada; FREIXAS DE BRAUN, María; FUENSALIDA, Luis; FUNES DE RIOJA, Daniel; GABBI, Adelmo; GAMBIER, Beltrán; GAOS DE FUNES DE RIOJA, Nora Beatriz; GARRIDO CORDOBERA, Lidia; GARZÓN FUNES, Oscar H.; GENTILE, Ana María; GEORGE, David; GOBÉE, Enrique; GREBLOVSKI, Claudia; GUTKOWSKI, Helene; HALPERIN, David; HERNÁNDEZ, Antonio María; HERRERO, Luis; HERS, Liliana; HIRCH DE DUJOVNE, Silvia; IMAR, Israel; INI, Gloria; IRIGOIN, Jorge; KARAGOZIAN, Aldo; KARAGOZIAN, Leda; KARAGOZIAN, Teddy; KARAGOZLU, Jorge E.; KASSARDJIAN DE MINASSIAN, María Delia; KAVLIN, David; KLEIDERMACHER, Arnoldo; KOGAN, Jorge; KOVADLOFF, Santiago; LLAMAS DE MADARIAGA, Enrique; LAPLACE, Víctor; LAZZARI, Gustavo; LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P.; LENCOVA, Liuba; LEVI DE WEISS, Myriam Edith; LEVY, Isaac; LEWIN, Gerardo; LITWAK, Martín; LÓPEZ GOTTIG, Ricardo; LUCHIA-PUIG, Horacio; LUNA, Darío M.; MACCIONE, María Paula: MALKASSIAN, Roberto; MANDELBAUM, Fanny; MANOUKIAN, Alan; MARTÍNEZ TANOIRA, Ignacio; MARUTIAN, Andrés Sergio; MARZOTTO, Paola; MASLATÓN, Carlos; MINASSIAN, María Luciana; MIRA, Carlos; MIZRAJI, Guillermo J.H.; MOLTENI, Analia ; NAHABETIAN, Sergio; NAZARIAN, María Florencia; NERCELLAS, Marta; ODRIOZOLA, Juan M.; OSSONA, Jorge; OSTINI DEL ORTO, Rita;  PANOSYAN, Many; PANOSYAN, Nurhan; PARODI, Juan Carlos; PATANIAN, Matías; PÉREZ SAN MARTÍN, Silvia; PERINA, Emilio; PESSANA, Denise; PIATELLI, Lucrecia; PICCALUGA de GABBI, Alicia; PODESTÁ, María; POTIGIAN, Martín; RAHOLA, Pilar; RICAGNO, Fabiana; RIO MARCUS, Isabel; ROGGIERO, Javier Pablo; ROITMAN, Horacio; ROSALES, Luis; RÓVERE, Graciela; RUBIO, Lucia; SABSAY, Daniel A.; SACCAL, Rita; SÁENZ QUESADA, María; SAGUIER, Julio; SALMAIN DE EURNEKIAN, Valeria; SALVAT Jorge; SALVOCHEA, Ramiro; SAN MARTINO, Jorge Antonio; SÁNCHEZ ARNAU, Juan Carlos; SANTORO, Daniel; SBARBATI NUDELMAN, Norma; SCAGLIA, Juan Pablo; SCHIRINIAN, Ana Cristina; SCHIRINIAN, Carolina; SCHMIDBERG, Eduardo; SCHROTT, Rosa; SCHVINDLERMAN, Julián; SCLAUZERO, Néstor; SEBA, Alejandro; SEBESS, Susana; SEGRE OVAZZA, Stefano; SIGAL, Jorge; SOLDATI, Santiago; SPADAFORA, Rómulo; SPERLING, Diana; STALMAN, David; STEUERMANN, Miguel; SUÁREZ, Sergio Pablo; SUSSMAN, Héctor; SZAMES, Laura; TAGTACHIAN, Magda; TARAK, Pedro; TENEMBAUM, Baruj; TON, Walter; VAISER, Lidia; VARTPARONIAN, Jorge; VEGA, Gerardo E.; VERA, Lucas; VICENTE, Alicia L.; WANG, Diana; WEISS, Gustavo; WERTHEIN, Adrián; WIÑAZKI, Miguel; WOLFF, Martha; WOLFF, Waldo; WUST, Graciela C.; YORGHANJIAN, Laura; ZUCHOVICKI, Claudio.

 

USURPACIONES 

PROFESORES REPUBLICANOS ponemos de manifiesto a toda la ciudadanía nuestra preocupación por la usurpación de tierras, en diferentes regiones del país, por parte de grupos organizados. Se vulnera así el Estado de derecho, principio en virtud del cual las personas y las instituciones deben quedar sometidas a la ley. El derecho a la propiedad es un derecho natural e imprescriptible equivalente a los derechos a la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La propiedad es la expresión concreta de la libertad; es el pilar esencial para sostener a una sociedad próspera y activa y el incentivo para poner en marcha emprendimientos y mejorar la calidad de vida.

PROFESORES  REPUBLICANOS  vemos con sorpresa que, frente a las usurpaciones y expoliaciones que se están dando, el Estado se muestra ausente. Vemos, asimismo, que existen claras discordancias entre fuerzas federales y provinciales que agravan la situación y dejan el “camino” liberado para el obrar de grupos organizados, de actuar violento y que efectúan negocios espurios de reventa de tierras federales y particulares. La mirada complaciente de intendentes y gobernadores clientelistas facilitan así las ocupaciones con claros fines políticos.

La propiedad, en el sentido más amplio, comprende todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, aparte de su vida y de su libertad. Es un derecho reconocido por nuestra Constitución Nacional en diversos artículos (arts. 14, 17, 20, 75 inc. 18 y art. 125), y es inviolable.

Más perjudicial aún es la reiterada indiferencia demostrada por el Poder Ejecutivo respecto de la violación a preceptos constitucionales y declaraciones, tratados y pactos internacionales a los que la Argentina ha adherido en materia de defensa del derecho a la propiedad.

Este estado de cosas profundizará el conflicto social y la actividad de aprovechadores de los legítimos reclamos de quienes aspiran a una vivienda digna o al reconocimiento de un territorio (art. 14 bis C.N.; art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948). Se agrega así un elemento más al estado de incertidumbre general en perjuicio de la recuperación del Estado de derecho.

En virtud de lo expuesto:

PROCLAMA

 

Manifestamos nuestro total repudio a las usurpaciones y expoliaciones de tierras del propio Estado –nacional, provincial o municipal– y de los particulares, ya que se tipifica, en estas conductas, el delito previsto por el art. 181 del Código Penal, que corresponde aplicar sin más trámite;

Entendemos que es tarea indelegable del Estado custodiar y preservar los bienes públicos, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la seguridad;

Tenemos la convicción de que la crisis habitacional argentina obedece a políticas errantes y decisiones populistas y demagógicas que nunca tuvieron como objetivo brindar viviendas dignas, seguras y adecuadas a la familia argentina.

   Por ello:

Reviste suma urgencia que el Gobierno salga de su letargo cómplice y aplique la ley y ejerza la autoridad, actuando con el uso pleno de la fuerza pública frente a las intromisiones y perturbaciones, al ser quien ostenta el monopolio de la misma en un Estado de derecho;

Se evitará así volver a una sociedad de naturaleza preestatal en la que la fuerza pretenda imponerse sobre los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional para hacer libres a los hombres.

 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2020.

 

SABSAY, Daniel A.; SALVAT, Jorge; MIZRAJI, Guillermo J.H.; WIÑAZKI, Miguel; GAMBIER,  Beltrán;  HERNÁNDEZ,  Antonio  María;  SBARBATI   NUDELMAN, Norma;   VICENTE,   Alicia;   KOVADLOFF,   Santiago;   BULLORSKY,   Ernesto; NERCELLAS,   Marta;  MALKASSIAN,  Roberto;  VITOLO,   Alfredo;  BARUGEL, Ernesto;  ODRIOZOLA,  Juan  Martín;  RÓVERE, Graciela;  PERINA,  Emilio; HALPERIN, David; LENCOVA, Liuba; FRANZONI-MOLDAVSKY, Ada; GARZÓN FUNES, Oscar; MAISSONEUVE, Marcelo; MINASSIAN, Luciana; VAISER, Lidia; BOUR, Enrique; BORDA, Alejandro; BOUREL, Martín R.; CAMERINI, Marcelo; GENTILE,  Ana María;  GIACCHERO,  Alicia;  GARRIDO,  Lidia;  BERMÚDEZ, Horacio; COHEN, Jorge; BARREIRA DELFINO, Eduardo A.; SUÁREZ, Sergio P.; VEGA, Gerardo; SCHWARZBERG, Carlos; LUCHIA-PUIG, Horacio; LEIVA FERNÁNDEZ,  Luis  F.  P.; LUNA, Darío;  BUNGE,  Diego;  ALTMAN,  Daniel E.; BERSTEIN, Omar; TON, Walter; SALVOCHEA, Ramiro; WUST, Graciela C.; y siguen las firmas.

Adhesiones: profesoresrepublicanos@gmail.com

CORTE SUPREMA  

PROFESORES REPUBLICANOS pone de manifiesto la necesidad de alertar a la ciudadanía sobre el avasallamiento institucional que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo vienen ejerciendo sobre el Poder Judicial para borrar de cuajo el vallado constitucional que ejerce, naturalmente, el principal Poder que resguarda el Estado de derecho. La presión ejercida hasta el momento debe considerarse de la mayor gravedad institucional que, de persistir, llevará al descalabro y a la erosión del sistema republicano argentino.

 El Presidente de la Nación ha ignorado reiteradamente el principio de la división de poderes y parece desconocer las facultades que le son propias a la Corte Suprema de la Nación al vapulear al presidente del máximo Tribunal, Dr. Carlos Rosenkrantz, por convocar una reunión extraordinaria para el tratamiento del per saltum interpuesto por los tres jueces destituidos arbitrariamente por el Senado.

 

Este proceder se agrava aún más al observarse la reiterada ignorancia que Alberto Fernández ha demostrado respecto de los preceptos constitucionales y de las leyes que los reglamentan. Esto se observa a través del dictado de innumerables decretos que lejos están de responder a razones de necesidad y urgencia, como lo prevé el art.99-3 de nuestra Carta Magna.

 

PROFESORES REPUBLICANOS tiene el deber de alertar sobre el claro objetivo del Gobierno Nacional de tumbar la independencia del Poder Judicial y así lograr concentrar la jefatura política de los tres Poderes en manos de la Vicepresidenta Cristina Fernández.

 

De quebrarse la frágil estabilidad institucional que hoy existe, se generarán severos actos de autoritarismo que desembocará en agudas desigualdades y abusos.

 

Esto llevará al desamparo definitivo de la ciudadanía y al aumento de la incertidumbre nacional acerca del ya comprometido futuro de la Patria.

 

PROCLAMA

 

En virtud de lo expuesto:

 

Damos nuestro decidido y total apoyo a la Corte Suprema de la Nación exhortándola a que emerjan de su conciencia republicana los postulados de la República.

 

De esta forma se impedirán los actos de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que no solo ha demostrado un profundo desprecio por las leyes, sino que también ha recurrido a artilugios para rediseñarlas en beneficio de aquellos que aspiran a lograr la impunidad.

Confiamos en que nuestra Corte Suprema pondrá bien alta la obediencia a los preceptos constitucionales que no admiten matices ni grados intermedios.

 

Por ello:

 

Reviste suma urgencia el pronunciamiento de la Corte Suprema en las cuestiones suscitadas ante el dictado de los decretos 750, 751 y 752 que destituyeron a los jueces Bruglia, Castelli y Bertuzzi, decretos estos que no cuentan con los requisitos constitucionales necesarios.

 

Asimismo, es de fundamental importancia que la Corte Suprema aborde el tratamiento y la resolución del Amparo interpuesto por la

C.A.B.A. ante el decreto 735/2020 - DNU encubierto - que se aparta flagrantemente de los arts. 75, incisos 2 y 4; 99, inc. 3 y 17 de la Constitución Nacional en perjuicio de la Ciudad de Buenos Aires.

 

La pronta actuación de la Corte Suprema se hace imprescindible ante los atropellos que vienen ocurriendo.

 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2020.

 

SABSAY, Daniel A.; MIZRAJI, Guillermo J.H.; KOVADLOFF, Santiago; PARODI,   Juan   Carlos;   GAMBIER,   Beltrán;   SBARBATI NUDELMAN, Norma; HERNÁNDEZ, Antonio María; FARGOSI, Alejandro; BARUGEL, Ernesto; MALKASSIAN, Roberto; VÍTOLO, Alfredo; NERCELLAS, Marta; BERMÚDEZ,   Horacio;   ODRIOZOLA,   Juan   M.; BARREIRA  DELFINO, Eduardo; VEGA, Gerardo; ROITMAN, Horacio; LUCHIA PUIG, Horacio; SPADAFORA, Rómulo;  BOUREL, Martín; LENCOVA, Liuva;  BERSTEIN, Omar; VICENTE, Alicia; KLEIDERMACHER, Arnoldo; MOLTENI, Analía; COHEN, Jorge; CAMERINI, Marcelo; ROVERE, Grace; FRANZONI MOLDAVSKY, Ada; MINASSIAN, Luciana; GIACCHERO, Alicia; GENTILE,   Ana   María;  MARTÍNEZ   TANOIRA,   Ignacio; BULLORSKY, Ernesto D.; SUAREZ, Sergio; GUAIA, Carlos; SCHMIDBERG, Eduardo; LUNA, Darío M.; siguen las firmas.

 

Adhesiones: profesoresrepublicanos@gmail.com

 

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